Propuestas, seguridad social univesal

SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL: UN CAMINO PARA MEXICO PUNTOS IMPORTANTES - Impacto sobre la pobreza y la desigualdad. La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres: uno negativo por el aumento en los gravámenes al consumo. Otro positivo por acceso a mejores beneficios de seguridad social. Uno más positivo al eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. A mediano plazo éste sería uno de los efectos más importantes de la propuesta ya que estos impuestos y subsidios son mayores para los trabajadores pobres que los no pobres. Se fortalecería el combate a la pobreza por la vía del empleo productivo. El impacto neto es, sin ninguna ambigüedad, positivo. - Impacto sobre las pensiones y el ahorro. Mes tras mes, todos los trabajadores verían reflejados en sus cuentas individuales los depósitos provenientes del FNSSU. Se establecería una conexión directa entre la contribución a la seguridad social que pagan en la puerta de la tienda y su patrimonio para el retiro. Contarían con una pensión de retiro 39 millones de trabajadores en vez de 13. - Al desgravar más la nómina en los salarios más bajos y eliminar el subsidio a la informalidad, la propuesta corrige un aspecto particularmente perverso del sistema actual: que el impuesto a la formalidad y el subsidio a la informalidad es mayor para los trabajadores de más bajos salarios. Lo anterior es de gran importancia para los trabajadores pobres (alrededor de 25% de la PEA) y para los trabajadores jóvenes. - La protección ante el desempleo crece en el contexto de la seguridad social universal, ya que ésta le ofrece al trabajador los mismos servicios médicos, seguros de invalidez y recursos para su retiro, si es asalariado y si no es. La estabilidad en un empleo asalariado deja de ser condición de acceso a la seguridad social. Esto abre la puerta para una modernización de los mecanismos de protección ante el despido, a través de un moderno seguro de desempleo y un rediseño de los mecanismos de financiamiento de las primas de antigüedad. Lo anterior protegería al trabajador más eficazmente y reduciría los costos contingentes de las empresas. - El conjunto de medidas descritas modificaría profundamente la relación entre empresas y trabajadores en México, para bien de ambos. - Los incentivos a la ilegalidad serían menores. Se reduciría la rotación de trabajadores inducida por las estrategias de evasión y elusión; se reduciría el incentivo de recurrir a modalidades de contratación externa sólo para reducir los costos laborales. - El impuesto implícito a crecer, derivado del riesgo de ser detectados por la autoridad, se reduciría. Ello facilitaría un aumento en el tamaño promedio de la empresa (¡que en 2008 era de cinco trabajadores, sin contar las empresas no captadas en el censo!). - La propuesta representa un esfuerzo importante de transformación institucional. Parte de lo mucho construido, pero reconoce que la arquitectura vigente nos atrapa en dilemas de los que es indispensable escapar. PUNTOS CONFLICTIVOS -Impacto sobre la salud. Los recursos públicos para la salud pasan de 260 mil a 395 mil millones, un aumento de 52%, 1.1% del PIB. Para los trabajadores informales, primordialmente atendidos por los servicios de salud de los gobiernos estatales, el aumento sería de 106%. Todos los trabajadores y sus familias podrían recibir el mismo catálogo de tratamientos médicos independientemente de las vicisitudes del mercado laboral, eliminándose la inequidad que representa el depender del tipo de trabajo para acceder a servicios públicos de salud de amplio alcance. - Los servicios de salud serían provistos por el IMSS y los gobiernos estatales. El gran reto sería unificar los modelos de prestación de servicios médicos del IMSS con los de los programas no contributivos (Seguro Popular, IMSS-Oportunidades, Seguro Médico para una Nueva Generación). - La desgravación de la nómina es sustantiva; estimularía decisivamente el empleo en las empresas formales y legales. Además, como los beneficios comunes para todos los trabajadores serían financiados de una fuente común ajena al estatus laboral (el FNSSU), el subsidio a la informalidad desaparecería; ningún trabajador informal recibiría beneficios de forma gratuita que perdería por obtener un empleo formal. Por esos dos mecanismos, el resultado sería fomentar el empleo productivo y desincentivar el improductivo. - Mayor tamaño de la empresa y permanencia más larga en el trabajo se traduciría en más aprendizaje y capacitación en el empleo lo que, para la gran masa de trabajadores que ya no van a adquirir mayor escolaridad, es la ruta más promisoria para un mayor salario. Las empresas tendrían horizontes de planeación más largos, y ellas y los trabajadores vivirían en un mundo de mayor certidumbre. Se facilitaría el tránsito de empresas precarias creando empleos precarios, a empresas de primera creando empleos de primera. - Todo lo anterior contribuiría a más productividad, mayores salarios reales y, eventualmente, un mercado interno más amplio y dinámico. A ello debemos sumar los beneficios de un mayor ahorro financiero disponible para la inversión productiva. Poco a poco se liberaría a la economía del lastre de la informalidad, creándose mejores condiciones para que el talento, la creatividad y el esfuerzo de trabajadores y empresarios se conviertan en prosperidad compartida y sostenida.

Seguridad Social Universal: un camino para México

SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL: UN CAMINO PARA MEXICO           Entre 1960 y 2008 el producto per cápita de México cayó 14% comparado con el de Estados Unidos. Ello a pesar de que la acumulación de capital y el crecimiento de la fuerza de trabajo en México superaron al de Estados Unidos en 24%. La economía informal, que no paga impuestos ni otorga seguridades sociales, es una fuente muy importante de baja productividad. Un peso de capital y trabajo invertido en el sector formal rinde entre 28% y 50% más que el mismo peso invertido en el sector informal. Esto se debe a que las empresas informales generalmente viven en la ilegalidad, son chicas, no tienen economías de escala, invierten poco en nuevas tecnologías y capacitación de sus trabajadores, tienen pocas innovaciones tecnológicas, su acceso al crédito es escaso y sus procesos productivos son sencillos. La informalidad también induce un exceso de trabajadores por cuenta propia, que difícilmente adquieren nuevas habilidades sobre todo si llevan a cabo sus actividades en la calle. La informalidad se genera por distorsiones del régimen fiscal y de seguridad social. Sin menospreciar los aspectos fiscales, nos enfocaremos en este artículo a explorar la seguridad social como causa de informalidad y fuente de baja productividad. La seguridad social en México está segmentada según el trabajo que se tiene. Hay dos grandes clases de trabajadores: asalariados y no asalariados (ver gráfico 1). Los asalariados tienen un “patrón” (empresa), cobran un salario y pagan impuestos en el lugar de trabajo. Estos trabajadores son sujetos de la seguridad social contributiva (SSC). Los no asalariados trabajan por cuenta propia, en empresas familiares, o se asocian con empresas en relaciones donde no hay “patrón” y no reciben un salario sino pagos por comisión o por destajo. Estos trabajadores no pagan impuestos en el lugar de trabajo y son sujetos de la seguridad social no contributiva (SSNC). En principio, todos los trabajadores asalariados deberían estar registrados en el IMSS y contribuir con sus patrones para un conjunto articulado de seguros de salud, vida, invalidez y riesgos de trabajo, así como para pensiones de retiro, vivienda y servicios de guardería. Los trabajadores informales son los no asalariados y aquellos asalariados contratados ilegalmente por sus empresas. Reciben beneficios de la SSNC a través de diversos programas dispersos de salud, pensiones de retiro, guarderías y subsidios a la vivienda. No contribuyen para esos beneficios cuyo costo, equivalente en 2008 al 1.25% del PIB, es absorbido ciento por ciento por el gobierno. El impuesto al empleo formal genera varias distorsiones: 1. Induce a las empresas a evadir el pago de sus contribuciones a la seguridad social reduciendo su tamaño. 2. Genera elusión fiscal mediante rotación de trabajadores, manipulación del tiempo de los contratos y formas de contratación. 3. Fomenta el empleo por cuenta propia y la proliferación de empresas familiares sin relación obrero-patronal. Por su parte, el subsidio al empleo informal agrava los tres problemas anteriores y además subsidia la evasión de impuestos (los trabajadores asalariados reciben beneficios gratuitos si las empresas que los contratan violan la ley). También desvincula los beneficios del pago de contribuciones y erosiona la sustentabilidad fiscal. México puede estar atrapado en un círculo vicioso de informalidad y baja productividad. Su secuencia de autoalimentación es la siguiente: el impuesto al empleo formal fomenta empresas precarias que evaden y generan malos empleos; también fomenta excesivo empleo por cuenta propia. Muchos trabajadores quedan excluidos de la SSC. Para ofrecerles al menos algunos beneficios sociales, el gobierno crea o expande programas de SSNC. La situación plantea un dilema entre productividad y bienestar socialpor una parte, no hay que fomentar la informalidad; por la otra, hay que mejorar los programas sociales para la población desprotegida. Por un lado, es urgente ampliar la base tributaria y fomentar la productividad para acelerar el crecimiento; por el otro, es indispensable extender la cobertura de salud, de pensiones y de guarderías para aumentar la equidad. La raíz del problema está en el financiamiento asimétrico de la seguridad social en función del estatus laboral del trabajador. Esta asimetría resulta en que algunos trabajadores tienen derechos de seguridad social y otros no (o, como los trabajadores cambian entre trabajos formales e informales, que el mismo trabajador a veces tenga derechos y a veces no). Sin contribuciones a la seguridad social, los salarios de los trabajadores formales serían 17% más altos, esto es, esos trabajadores podrían consumir un 17% más. Visto así, puede decirse que los trabajadores formales pagan un impuesto al consumo en la puerta de la fábrica para pagar su seguridad social (conocido como contribución a la seguridad social), y otro impuesto al consumo en la puerta de la tienda donde hacen sus compras (conocido como IVA). Los trabajadores informales también pagan un impuesto al consumo en la puerta de la tienda (el IVA) pero ninguno en la puerta de la fábrica. Así, los trabajadores formales pagan dos impuestos; los informales uno pero reciben beneficios de seguridad social crecientemente cercanos a los que reciben los formales. En suma: financiamos la seguridad social con una mezcla de impuestos inequitativa, porque hay trabajadores informales con ingresos mayores que los formales, y porque el mismo trabajador a veces es formal y a veces no. Esbozamos una propuesta de seguridad social universal para otorgar derechos iguales a todos los trabajadores del apartado “A”, independientemente de su estatus laboral. Su objetivo es más equidad y mayor productividad, simultáneamente. La propuesta tiene tres partes. La primera otorga a todos los trabajadores: 1. Un seguro de salud igual al que hoy día reciben los trabajadores formales (paquete IMSS). 2. Una contribución a la cuenta individual de retiro igual a la que hoy día recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos, pero durante toda su vida laboral (no sólo cuando es asalariado). 3. Un seguro de invalidez y de vida también con cobertura de dos salarios mínimos. La segunda parte agrega para los trabajadores asalariados: 1. Un seguro de riesgos de trabajo y otro de guarderías, igual al que hoy reciben los afiliados al IMSS. 2. Contribuciones complementarias para pensiones de retiro y para el seguro de invalidez y vida que igualen las que reciben hoy los afiliados al IMSS. 3. Garantía de pensión mínima de retiro igual a la que hoy tienen los afiliados al IMSS. La tercera parte supone: 1. Transferencias directas a las familias pobres para compensar el impacto de los impuestos al consumo con que se financiaría el sistema. 2. Compensación a los gobiernos estatales por las menores participaciones que recibirían dado que parte de los impuestos al consumo estarían etiquetados para seguridad social. 3. Terminar con el impuesto a la nómina para la vivienda (Infonavit). 4. Absorber el pasivo laboral del IMSS por el gobierno federal. La idea clave es financiar los beneficios de la primera parte, que son comunes para todos, con el pago de un impuesto común, que no dependa de la condición laboral. Al efecto, se propone crear una contribución para la seguridad social universal con la misma mecánica que el IVA, aplicando ambos tributos sobre todo el consumo, sin exenciones, con una tasa total de 16%. De ésta, 10% sería para el Fondo Nacional de Seguridad Social Universal y 6% sería el IVA para el gasto público general. Los beneficios de la segunda parte, al ser sólo para asalariados, se pagarían con una contribución patronal sobre la nómina. Todos los recursos de la CSSU entrarían a un apartado nuevo del presupuesto federal, el Fondo Nacional para la Seguridad Social Universal (FNSSU), cuyos propósitos serían cuatro. Primero, exigibilidad de los derechos sociales de los trabajadores: ni un peso del Fondo sería ejercido por el gobierno federal. Parte de los recursos iría directamente a las cuentas de los trabajadores, y parte al IMSS y los gobiernos estatales para los estrictos fines del seguro de salud. Segundo, transparencia y rendición de cuentas: no pueden usarse los recursos del Fondo para ningún otro propósito. Tercero, sustentabilidad fiscal: la seguridad social de los trabajadores asalariados y no asalariados está plenamente financiada y no crea desequilibrios fiscales o pasivos contingentes. (Esto pondría a México en la vanguardia mundial en esta materia.) Cuarto, vínculo directo entre beneficios y contribuciones: beneficios permanentes están vinculados a una fuente de financiamiento permanente. Ajustes a los beneficios requieren ajustes a las contribuciones. Impacto sobre la pobreza y la desigualdad. La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres: uno negativo por el aumento en los gravámenes al consumo. Otro positivo por acceso a mejores beneficios de seguridad social. Uno más positivo al eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. A mediano plazo éste sería uno de los efectos más importantes de la propuesta ya que estos impuestos y subsidios son mayores para los trabajadores pobres que los no pobres. Se fortalecería el combate a la pobreza por la vía del empleo productivo. El impacto neto es, sin ninguna ambigüedad, positivo. La propuesta contribuye también a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso. Los servicios de salud serían provistos por el IMSS y los gobiernos estatales. El gran reto sería unificar los modelos de prestación de servicios médicos del IMSS con los de los programas no contributivos (Seguro Popular, IMSS-Oportunidades, Seguro Médico para una Nueva Generación). La desgravación de la nómina es sustantiva; estimularía decisivamente el empleo en las empresas formales y legales. Además, como los beneficios comunes para todos los trabajadores serían financiados de una fuente común ajena al estatus laboral (el FNSSU), el subsidio a la informalidad desaparecería; ningún trabajador informal recibiría beneficios de forma gratuita que perdería por obtener un empleo formal. Por esos dos mecanismos, el resultado sería fomentar el empleo productivo y desincentivar el improductivo. Al desgravar más la nómina en los salarios más bajos y eliminar el subsidio a la informalidad, la propuesta corrige un aspecto particularmente perverso del sistema actual: que el impuesto a la formalidad y el subsidio a la informalidad es mayor para los trabajadores de más bajos salarios. Lo anterior es de gran importancia para los trabajadores pobres (alrededor de 25% de la PEA) y para los trabajadores jóvenes. La protección ante el desempleo crece en el contexto de la seguridad social universal, ya que ésta le ofrece al trabajador los mismos servicios médicos, seguros de invalidez y recursos para su retiro, si es asalariado y si no es. La estabilidad en un empleo asalariado deja de ser condición de acceso a la seguridad social. Esto abre la puerta para una modernización de los mecanismos de protección ante el despido, a través de un moderno seguro de desempleo y un rediseño de los mecanismos de financiamiento de las primas de antigüedad. Lo anterior protegería al trabajador más eficazmente y reduciría los costos contingentes de las empresas. El conjunto de medidas descritas modificaría profundamente la relación entre empresas y trabajadores en México, para bien de ambos. Los incentivos a la ilegalidad serían menores. Se reduciría la rotación de trabajadores inducida por las estrategias de evasión y elusión; se reduciría el incentivo de recurrir a modalidades de contratación externa sólo para reducir los costos laborales. El impuesto implícito a crecer, derivado del riesgo de ser detectados por la autoridad, se reduciría. Ello facilitaría un aumento en el tamaño promedio de la empresa (¡que en 2008 era de cinco trabajadores, sin contar las empresas no captadas en el censo!). Mayor tamaño de la empresa y permanencia más larga en el trabajo se traduciría en más aprendizaje y capacitación en el empleo lo que, para la gran masa de trabajadores que ya no van a adquirir mayor escolaridad, es la ruta más promisoria para un mayor salario. Las empresas tendrían horizontes de planeación más largos, y ellas y los trabajadores vivirían en un mundo de mayor certidumbre. Se facilitaría el tránsito de empresas precarias creando empleos precarios, a empresas de primera creando empleos de primera. Todo lo anterior contribuiría a más productividad, mayores salarios reales y, eventualmente, un mercado interno más amplio y dinámico. A ello debemos sumar los beneficios de un mayor ahorro financiero disponible para la inversión productiva. Poco a poco se liberaría a la economía del lastre de la informalidad, creándose mejores condiciones para que el talento, la creatividad y el esfuerzo de trabajadores y empresarios se conviertan en prosperidad compartida y sostenida. La propuesta representa un esfuerzo importante de transformación institucional. Parte de lo mucho construido, pero reconoce que la arquitectura vigente nos atrapa en dilemas de los que es indispensable escapar. México no debe construir un Estado de bienestar sobre una base fiscal angosta completada por la renta petrolera. Tampoco debe combatir la pobreza sólo con transferencias de ingreso, ni aspirar a una prosperidad duradera sobre el estancamiento de la productividad; menos debe subsidiar las conductas evasivas y minar el Estado de derecho. México necesita aumentar la tasa de crecimiento, para lo cual es indispensable aumentar la productividad y el ahorro. Debe fortalecer la inclusión social y la equidad, construyendo un Estado de bienestar moderno y eficaz. Debe acelerar el combate a la pobreza, reconvirtiendo empleos improductivos a productivos. Debe, finalmente, fortalecer su democracia, estableciendo un vínculo claro entre derechos y obligaciones. La propuesta esbozada aquí contribuye a que el país pueda avanzar en todas esas dimensiones. Representaría la mayor expansión de los derechos sociales de los trabajadores desde la fundación del IMSS en 1943. Tenemos que transitar simultáneamente por la ruta de la equidad y de la productividad, no una a costa de la otra, o sólo una y no la otra. Sumar voluntades a favor de esos dos objetivos, y darle contenido político, jurídico, administrativo, programático y presupuestario es trazar un camino para México.

Sintesis El nuevo paradigma mexicano

EL NUEVO PARADIGMA MEXICANO La herencia del nacionalismo revolucionario estableció tradiciones indesafiables: nacionalismo energético, congelación de la propiedad de la tierra, sindicalismo monopólico, legalidad negociada, dirigismo estatal, “soberanismo” defensivo, corrupción consuetudinaria. Éstos fueron vicios, creencias y costumbres que el país adquirió en distintos momentos de su historia. Las elecciones de 2012 volvieron a poner a México en la situación de un gobierno dividido, con una izquierda más inclinada a bloquear que a inducir reformas modernizadoras, y una rivalidad del PRI y el PAN que podría echar por tierra en la lucha política de cada día los ostensibles acuerdos estratégicos que ambos partidos comparten sobre los cambios de fondo que el país necesita. El hecho político de fondo es que nunca han estado más cerca los propósitos estratégicos de cambio y las políticas públicas propuestas por el PRI y por el PAN, al tiempo que en la izquierda empieza a verse el atisbo de una corriente dispuesta no sólo a bloquear sino también a pactar y a influir en los cambios. Lo cierto es que el PAN y el PRI pueden volver a ser aliados en los años que vienen pues coinciden en cuestiones fundamentales. Pero el triunfo del PRI en las elecciones de 2012 presenta un problema anterior: la pregunta de si en vez de un salto político México no podría estar viviendo un salto hacia atrás, una restauración priista. Creemos que la restauración en un sentido estricto, y aun en el laxo, no parece una opción clara y viable para nadie, empezando por el nuevo gobierno, cuyas acciones estarán severamente limitadas por un balance de poderes de realidad innegable. Históricamente en México quien dice restauración dice también populismo, alude a las peores tradiciones del PRI: un Estado autoritario, sostenido en la cooptación de clientelas, cuya irresponsabilidad fiscal crónica (sistémica) engendró las crisis económicas y lo hizo perder la presidencia en el año 2000. La restauración puntual de aquel régimen es imposible porque la democracia hizo pedazos su pieza clave, a saber: la existencia de un partido hegemónico, con mayoría constitucional soviética en las cámaras, cuyo dueño era un presidente sin contrapesos ni en los otros poderes públicos, ni en los órganos de decisión económica, ni en la selección de los altos puestos políticos, otorgados todos desde arriba gracias al control abrumador del PRI sobre las elecciones y sobre la política profesional. La paradoja es que esos mismos fragmentos conspiran contra la posibilidad de la restauración de un poder presidencial que pueda someterlos. Ni los poderes locales, ni los sindicatos grandes, ni los empresarios dominantes quieren un presidente fuerte. Los votantes tampoco: en todas las elecciones desde 1997 le han negado la mayoría legislativa a cuatro jefes de Estado. El PRI puede no haber cambiado, pero el país sí. En primer lugar, aunque nadie lo diga en público ni lo reconozca lealmente en privado, Peña Nieto es el primer presidente de la historia del PRI electo por sufragio universal y no por el famoso “dedazo”. Todos sus antecesores, fueron nombrados y, cuando fue necesario, impuestos por el presidente en turno. Quienes piensan que el dedazo simplemente cambió de dueño pasando de Los Pinos a Televisa, simplemente desconocen el antiguo poder de Los Pinos, y probablemente el poder real de Televisa. Como presidente, Peña Nieto enfrentará los mismos contrapesos, obstáculos y retos, no tendrá mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, tendrá que lidiar con el contrapeso de un gobierno dividido y tendrá frente a sí, en el Distrito Federal, al segundo personaje electo más poderoso del país, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. El nuevo mandatario deberá convivir con una considerable diversidad de instituciones autónomas que el país ha construido en estos años, y que no son simples cajas de registro de instrucciones de la presidencia. La primera, y la más importante, es la Suprema Corte de Justicia, fuente de grandes dolores de cabeza para Fox y Calderón, y de grandes beneficios para la sociedad mexicana. La segunda es el Instituto Federal Electoral, que pese a sus altas y bajas recurrentes imprime un sello innegable de legitimidad a cada elección federal de presidentes y Congreso. Sigue el Banco de México, dotado de plena independencia desde 1993, y una garantía parcial de prudencia macroeconómica, por lo menos en lo que corresponde al ámbito monetario. El Instituto Federal de Acceso a la Información, autónomo también, es fuente de transparencia y de jaquecas para todos los poderes en México, lo mismo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una caja de resonancia cabal, incluso estridente, en su materia. Por último, el INEGI, fuente oficial de las estadísticas nacionales, con mejores y peores momentos, genera datos objetivos y confiables imposibles de manipular, sobre la economía y la sociedad mexicanas. También juegan como frenos a la restauración, los medios de comunicación mexicanos, más libres y poderosos que nunca. Y, pese a su debilidad histórica, la sociedad civil mexicana que se encuentra más organizada y es más vigorosa que en cualquier momento de nuestra historia. La relación de México con el mundo también ha cambiado y es una bienvenida camisa de fuerza contra las antiguas discrecionalidades nacionales. México está envuelto en una profusa red de acuerdos internacionales con cláusulas de todo género. Peña Nieto ha dicho que quiere inversión minoritaria en Pemex (el PAN está de acuerdo); concentrar el esfuerzo de seguridad en el combate a la extorsión, el secuestro y el homicidio y en construir una policía nacional mucho más grande (el PAN está más o menos de acuerdo); establecer la jornada completa en la educación primaria y dotar de una computadora específicamente para niños a los alumnos de quinto y sexto años (el PAN no lo hizo y probablemente no le encante). Construir un sistema de protección social universal financiado por el fondo fiscal central (en buen castellano significa generalizar el IVA y eliminar los subsidios a la gasolina; el PAN más bien no está de acuerdo). Para hacer un gobierno exitoso, de altos rendimientos económicos y sociales, el PRI necesita las reformas que él mismo ha contribuido a detener en estos años: en el ámbito energético, fiscal, laboral y educativo. El PAN quiere a cambio tres o cuatro reformas políticas de la mayor importancia: reelección de legisladores y alcaldes, la segunda vuelta en la elección presidencial, referéndum vinculante para cambiar la Constitución y reforma de los sindicatos públicos con tres decisiones clave: fin a la retención y entrega de cuotas sindicales por el gobierno, fin a la llamada “toma de nota”, mediante la cual el gobierno reconoce a las dirigencias sindicales, y fin a la cláusula de exclusión, mediante la cual un sindicato puede expulsar del trabajo a quien no se subordina política y laboralmente a sus criterios. Peña Nieto ha manifestado su desacuerdo tajante o con matices a todos estos puntos. Se disciernen claramente las bases de un entendimiento: el nuevo gobierno debe ceder en aspectos políticos que no le gustan (aunque los aprueba una parte del PRI) y el PAN debe aprobar reformas que el PRI obstaculizó y que pueden resultar impopulares pero que darán al gobierno y al país grandes rendimientos en el mediano y largo plazos. Los meses del interregno transcurrido desde las elecciones de julio parecen los más prometedores de mucho tiempo. Para empezar, en el primer periodo de sesiones del nuevo Congreso entró en vigor la reforma que permite al presidente enviar dos iniciativas de ley de obligatoria revisión, dictaminación y voto en los treinta días siguientes a su llegada a las cámaras (treinta para los diputados y treinta para los senadores). En el marco de una transición suave y pactada, el gobierno saliente envió al Congreso dos iniciativas, una que uniforma la contabilidad pública nacional, evitando opacidades y trampas por diversos sistemas de registros, instrumento técnico clave de transparencia, otra la referida al trabajo, que incluye un capítulo propiamente laboral y otro de regulación de la vida política y la rendición de cuentas de los sindicatos. El resto de la agenda congresional para el interregno y los primeros meses del nuevo gobierno, va en el rumbo del nuevo paradigma. Se han planteado, propuesto o comprometido por el nuevo gobierno cambios legislativos para dos tipos de reformas: las de carácter estructural y las derivadas de la coyuntura política posterior a las elecciones. Las primeras se refieren a la cuestión laboral, ya comentada; la cuestión energética, que incluye la apertura de Pemex a la inversión privada; la cuestión hacendaria, que supone el cierre de las exenciones y privilegios fiscales, asunto vinculado, como hemos dicho antes, a la más ambiciosa de las reformas planteadas por el gobierno entrante: el financiamiento y construcción de un sistema universal de seguridad social para todos los mexicanos, por el hecho de serlo. El fragor de la batalla electoral trajo a la agenda tres reformas de coyuntura, destinadas a satisfacer reclamos de la opinión pública y de la oposición, que el gobierno entrante codificó en tres propuestas: una comisión nacional autónoma contra la corrupción, una ampliación de las facultades de investigación del Instituto Federal de Acceso a la Información a las finanzas de estados y municipios, y una comisión ciudadana adicional para administrar un mecanismo transparente de gasto de dinero público en los medios de comunicación. Lo importante no será tanto cuántas reformas se aprueben sino cuántas señales trascendentes puedan enviarse desde el gobierno y el Congreso sobre el lugar adonde se quiere ir, como Estado y como país. A nuestro juicio, tres señales fundamentales serían las siguientes: Primero, poner fin al tabú petrolero mediante una reforma constitucional que permita la inversión privada minoritaria en Pemex. Segundo, un plan de inversión pública en infraestructura de cara al nuevo mapa regional de México, para conectar a las regiones entre sí y para fortalecer sus vínculos con el resto del mundo:. Tercero, pero quizá lo más importante: un aumento sustancial de los recursos públicos atados al financiamiento de un piso de seguridad social universal, para todos los mexicanos por el hecho de serlo. México necesita una épica de prosperidad, una narrativa creíble de futuro. Puede montarla sobre los ejes del nuevo paradigma que doce años de democracia han sembrado al fin en la cabeza de la sociedad mexicana, luego de demoler uno a uno sus mitos: el mito de la Revolución, el mito del presidente, el mito del petróleo, el mito del PRI, el mito del enemigo en la frontera norte, y el gran mito del gobierno que da y la sociedad que recibe. En conclusión los México necesita ponerse como meta el cambio, cambiar sus ideas de pobreza para realmente enfocarse en cuales son las bases de la riqueza, para que esta, una vez bien establecida pueda crear más oportunidades y combatir así la pobreza. La exigencia de prosperidad debe ser un factor vital, ya que de esta sale el verdader bienestar, generalizando lo así a la nación.

Clientelismo, corporativismo mexicano, Facismo, Stanlinismo, Neocorporativismo

-Clientelismo

Cuidado o protección con que los poderosos defienden o favorecen a los que se acogen ellos.
La relación patrón-cliente ha recibido múltiples atributos en la literatura socio-política. Puede definirse como un tipo especial de relación diádica que asume en gran medida un carácter instrumental en el cual el individuo de estatus socio-económico más alto (el patrón) usa su influencia y recursos para ofrecer protección y beneficios a la persona de estatus más bajo, quien a su vez retribuye al patrón ofreciendo apoyo, asistencia y servicios personales.
Las principales características de la relación entre el patrón y el cliente son las siguientes: a) las relaciones son usualmente particularistas y difusas; b) la interacción que sirve de fundamento a esa relación se caracteriza por un intercambio simultáneo de recursos de diferentes tipos, sobre todo, económicos y políticos (apoyo, lealtad, votos y protección), y promesas de reciprocidad, solidaridad y lealtad; c) el intercambio de recursos es usualmente combinado en “paquetes”, es decir, los recursos no se intercambian de manera separada sino conjuntamente; d) tiende a haber un fuerte componente de reciprocidad y confianza en la relación que se proyecta en el largo plazo; e) la obligación impersonal permea la relación –esto se expresa usualmente en términos de lealtad personal o reciprocidad entre el patrón y el cliente– mientras que el elemento de solidaridad puede ser muy fuerte como en el caso de las relaciones primarias típicas del patronazgo clásico o débil como en el caso de las maquinarias modernas; f) las relaciones entre patronos y clientes no son fundamentalmente legales o contractuales, se basan en mecanismos informales de entendimiento y con frecuencia se oponen a la ley formal; g) a pesar de su persistencia y consistencia, las relaciones entre patronos y clientes se inician de manera voluntaria y pueden, teóricamente por lo menos, romperse voluntariamente; h) las relaciones clientelistas se asumen en forma vertical –siendo la manifestación más simple la diádica– y tienden a subvertir la organización horizontal tanto entre los patronos como entre los clientes, pero sobre todo entre los clientes; i) las relaciones entre patronos y clientes son muy desiguales y expresan la diferencia de poder entre unos y otros con los patronos monopolizando recursos que necesitan o desean los clientes.

Las relaciones clientelistas pueden encontrarse en una gran variedad de sociedades o diversos niveles de desarrollo y modernización. Las relaciones clientelistas se desarrollan en las plantaciones agrícolas donde se estructuran en torno al acceso a la tierra y otros medios de subsistencia de los campesinos.

Emergen también entre deudores y acreedores, entre los campesinos y comerciantes que tienen acceso al mercado. Surgen también en contextos urbanos entre políticos y marginados, en las maquinarias políticas.

En el caso de América Latina, Eisenstadt y Roniger plantean que el surgimiento de las relaciones clientelistas fueron el resultado de dos procesos. Por un lado, la conquista y el dominio colonial que gestó una sociedad basada en una relación de poder fuerte entre los distintos estratos sociales y una preocupación por el orden jerárquico, el prestigio y el honor. Por otro, el debilitamiento de las instituciones centrales de control y la focalización de las relaciones de poder.


-Corporativismo mexicano
Existe entonces una fuerte necesidad de conciliar los intereses de capitalistas y trabajadores para beneficiar a la sociedad de las aptitudes de ambos bandos. Es en este momento cuando se empieza a teorizar sobre instituciones que agrupen a todos los actores económicos. El corporativismo es una forma de colaboración de clases establecida como alternativa a la lucha de clases y fue propuesta por el Papa León XIII en su encíclica de 1891 Rerum Novarum. No obstante, la corporación tiene su realización en la práctica dentro del fascismo.
Con el corporativismo busca hacer un poder que se funde en la unidad nacional y fomente el desarrollo pidiendo a los individuos que subordinen sus intereses personales a los de la nación.
Por ende, se da una gran necesidad de juntar los intereses de capitalistas y trabajadores para dar así, un beneficio a la sociedad de las virtudes de ambos lados.
El corporativismo es una forma de colaboración de clases.
México requiere de un poder que junte a los sectores más productivos y los guié  a satisfacer las necesidades de la nación.
No es el fin que el director de la empresa pierda beneficios obligándose a aportar donde no hay ganancia sino que de apoyo al mercado nacional.
Es de vital importancia que nosotros mismos seamos nuestro principal socio comercial, que nuestro principal mercado sea el nacional.
No es la idea destruir lo que ya existe. El fin es retomarlo y agruparlo de tal forma que se concilien intereses de clase y se busque el interés colectivo sobre el de carácter individual.
Perdiendo así el individualismo en los miembros de la comunidad y  aceptando  la jerarquía.
La propiedad no debe ser objeto de preferencia a individuos sino a grupos.
La corporación surge como una idea inspirada en la propia naturaleza, en la convivencia armónica de las personas como miembros de un gran clan. Los miembros aceptan la jerarquía y la propiedad no es investida a individuos sino preferencialmente a grupos.
La economía nacionalsocialista es el triunfo del corporativismo. Se trató de la coordinación perfecta entre jerarquía, metas nacionales y corporaciones.
México necesita de un poder autoritario y no totalitario que agrupe a los sectores productivos y los encamine a satisfacer las necesidades nacionales. De ninguna manera se pretende que el director de la empresa pierda beneficios obligándole a producir donde no hay ganancia sino que centre su atención al mercado nacional. Casi la totalidad de nuestro comercio internacional está en relación a Estados Unidos teniendo una balanza comercial deficitaria. Es menester que nosotros mismos seamos nuestro principal socio comercial, que nuestro principal mercado sea el nacional.
No se trata de destruir lo existente. Se trata de retomarlo y agruparlo de tal manera que se concilien intereses de clase y se busque el interés colectivo sobre el de carácter individual.



-Neocorporativismo
 El concepto de neocorporativismo, o corporativismo liberal, o corporatismo (siempre diferenciado del corporativismo organicista y autoritario) alude a situaciones que han tenido lugar durante la segunda posguerra en algunos países centro y nor-europeos. El neocorporativismo puede ser visto ya sea como un sistema institucionaliza do de representación de los intereses, ya sea como un sistema institucionaliza do de formación, decisión y ejecución de las políticas-progra mas de acción. El primer aspecto es principalmente estructural; el segundo es principalmente funcional. En realidad se trata de una distinción analítica de dos aspectos de un mismo fenómeno: la corporativización de los procesos de representación (insumos) y de los procesos decisionales (exumos).
En el aspecto funcional, por su parte, el neocorporativismo postula que en el proceso de formación, decisión y ejecución de las políticas-programas de acción, las grandes organizaciones de los intereses deben colaborar entre sí y con las autoridades públicas.
El neocorporativismo es un modo entre otros para gestionar el capitalismo avanzado, al que se recurre para facilitar la resolución conjunta de dos funciones vitales: la acumulación de capital y la legitimación por vía del consenso público. El neocorporativismo es considerado idóneo para ambos fines porque su política de colaboración interclasista favorece el consenso social y las compensaciones normativo-institucionales acordadas a los sindicatos a cambio de la moderación de sus demandas económicas asegura a los empresarios la oportunidad de acumulación.



-Facismo
El fascismo es un movimiento político y social que nació en Italia de la mano de Benito Mussolini tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Se trata de un movimiento totalitario y nacionalista, cuya doctrina (y las similares que se desarrollaron en otros países) recibe el nombre de fascista.
El fascismo se propuso como una tercera vía ante las democracias liberales (como la estadounidense) y el socialismo (la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Además del régimen de Mussolini en Italia, se califica como fascistas a la Alemania de Adolf Hitler y la España de Francisco Franco.
El fascismo se basa en un Estado todopoderoso que dice encarnar el espíritu del pueblo. La población no debe, por lo tanto, buscar nada fuera del Estado, que está en manos de un partido único. El Estado fascista ejerce su autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda (incluyendo la manipulación del sistema educativo).
El líder fascista es un caudillo que aparece por encima de los hombres comunes. Mussolini se autodenominaba como Il Duce, que deriva del latín Dux (“General”). Se trata de liderazgos mesiánicos y autoritarios, con un poder que se ejerce de manera unilateral y sin ningún tipo de consulta.
En Alemania, el fascismo está asociado al nazismo. Este movimiento tuvo un fuerte componente racial, que promulgaba la superioridad de la raza aria y buscaba el exterminio de otras colectividades, como los judíos, los gitanos y los negros.



-Stanlinismo
Stalinismo, término que en ciencia política designa a la ideología y praxis política del líder soviético Iósiv Stalin y, por extensión, a la de los seguidores de esta doctrina.
Hay que destacar que el stalinismo está caracterizado por su gran dureza, es decir, por su autoritaridad comunista en la Unión Soviética. Y no debemos confundir las otras dictaduras comunistas que se han creado con el stalinismo. Quiero decir que Stalinismo no es igual a dictadura comunista, si no que fué un tipo de dictadura que se dió en un solo caso.
El stalinismo fué defendido y asociado a las afirmaciones de Stalin, de que aunque haya una hostilidad de los países vecinos capitalistas, era posible construir un país comunista; aunque se haya apagado las revoluciones en dicho país. Y todo esto llevó a la Unión Soviética a  un orgullo nacional y fortaleció la unidad soviética en todo el país.
Hay que destacar que el stalinismo llevó a cabo un gran desarrollo tecnológico al país, llevándolo a lo más alto del mundo, es decir, a una potencia mundial. Y aunque hubo unos costes humanos se llevó asta la más absoluta modernización de la época a Rusia.
Tengo que indicar que los llamados stalinistas o el calificativo stalinista describe a unos comunistas que siguieron el modelo soviético de manera entusiasta e incondicional. Todo comunista que lleva a raja-tabla el comunismo duramente, con tipos de represiones para defender sus bases y demás, son clasificados stalinistas.

Corporativismo en México

CORPORATIVISMO MEXICANO

Con el corporativismo busca hacer un poder que se funde en la unidad nacional y fomente el desarrollo pidiendo a los individuos que subordinen sus intereses personales a los de la nación.

Por ende, se da una gran necesidad de juntar los intereses de capitalistas y trabajadores para dar así, un beneficio a la sociedad de las virtudes de ambos lados.

El corporativismo es una forma de colaboración de clases.

México requiere de un poder que junte a los sectores más productivos y los guié  a satisfacer las necesidades de la nación.

No es el fin que el director de la empresa pierda beneficios obligándose a aportar donde no hay ganancia sino que de apoyo al mercado nacional.

Es de vital importancia que nosotros mismos seamos nuestro principal socio comercial, que nuestro principal mercado sea el nacional.

No es la idea destruir lo que ya existe. El fin es retomarlo y agruparlo de tal forma que se concilien intereses de clase y se busque el interés colectivo sobre el de carácter individual.

Perdiendo así el individualismo en los miembros de la comunidad y  aceptando  la jerarquía. 

La propiedad no debe ser objeto de preferencia a individuos sino a grupos.

En conclusión el corporativismo mexicano se basa en la idea de compartir, de una ayuda mutua que presta la nación con el fin de recibir el mismo bien a cambio, y así lograr una unidad nacional, una apoyo mutuo, un mejor mercado en el territorio y fomentando el olvido del individualismo.

Facultad de los poderes y poderes partidistas del presidente

DIVISION DE LOS PODERES Y PODERES

PARTIDISTAS DEL PRESIDENTE

Las facultades legislativas del presidente

En primer lugar el presidente no puede disolver la legislatura ni obligarla a actuar en un sentido u otro. El origen y supervivencia independientes del Congreso están “garantizados” en la constitución.

En segundo lugar, la facultad para el legislador es lo suficientemente amplia y es la que cuenta con más numero de prerrogativas.

En tercer lugar, las facultades para controlar al ejecutivo parecen ser suficientes y adecuadas para hacer efectiva la división de poderes y cumplir con el propósito contrabalancearlo.

La facultad para presentar proyectos de ley es compartida por el presidente y los legisladores federales y estatales. El derecho exclusivo de presentar proyectos de ley que se otorga al jefe del ejecutivo únicamente se refiere a la esfera presupuestaria y, conforme a esa facultad, el poder ejecutivo debe someter anualmente a la aprobación del Congreso la Ley de Ingresos, y a la Cámara de Diputados, el Presupuesto de Egresos.
                                                                                                             
El presidente de México también cuenta con facultades de decreto de diferentes tipos e importancia. El primer tipo de facultades para dictar decretos es esencialmente regulatorio.

La Constitución mexicana establece que el ejecutivo está facultado para desempeñar funciones legislativas en los casos siguientes: derechos regulatorios o reglamentarios, en estados de urgencia, respecto a cuestiones de salud, tratados internacionales y regulaciones económicas, de acuerdo con el artículo 131. Algunas de las facultades presidenciales para legislar son otorgadas directamente por la Constitución mientras que otras deben ser delegadas primero y otras están más sujetas a la ratificación o aprobación subsecuentes.

El jefe del poder ejecutivo no cuenta con otras dos facultades legislativas importantes: a) la facultad para convocar referéndum o plebiscito, y b) la facultad para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.



Las facultades ejecutivas del poder legislativo

En México, el ejecutivo puede nombrar y destituir libremente a la mayoría de los integrantes del gabinete y a otros colaboradores cercanos.

Existen tres categorías de facultades presidenciales de nombramiento: nombramientos para los que no existen restricciones, nombramientos para los que se requiere la aprobación del senado y nombramientos que debe hacer conforme a leyes secundarias que rigen al ejército, la marina y la fuerza aérea nacionales.

Existen tres normas que se refieren a la facultad ejecutiva del poder legislativo.

La primera es que los miembros del gabinete pueden  ser convocados por el Congreso, si ese cuerpo necesita información relacionada con las actividades de las dependencias encabezadas por ellos o cuando se está discutiendo alguna ley en particular.

Una segunda facultad ejecutiva otorgada al poder legislativo es la estipulada por los artículos 108 al 111. En el capítulo dedicado a las responsabilidades de los servidores públicos, se incluyen los delitos políticos, administrativos y penales.

En lo que respecta a cuestiones presupuestarias, el Congreso de México parece tener carta blanca (constitucional). Su facultad para aprobar, modificar o rechazar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos le otorga una autoridad mucho mayor de la que poseen la mayoría de las legislaturas de América Latina, al tiempo que constituye un poderoso instrumento para intervenir en la determinación de la política económica. La única restricción significativa en este caso consiste en que la Constitución prescribe un presupuesto equilibrado.

En lo que respecta a la vigilancia, el Congresos está facultado para vigilar el correcto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda a través de una comisión nombrada de entre los miembros del propio Congreso: la Comisión de Vigilancia. Mediante auditorías a las dependencias gubernamentales, la Contaduría Mayor de Hacienda debe elaborar una declaración anual que confirme si el poder ejecutivo ha ejercido el Presupuesto de egresos conforme a los principios y en las cantidades establecidos en la ley.



Los poderes partidistas del presidente

Sin los poderes partidistas no está garantizada la fácil aprobación de los programas del presidente.Los poderes partidistas dependen principalmente del número de partidos en el sistema político, de las reglas electorales y de las normas internas de los partidos. En el caso de México todas estas determinantes concurren para incentivar la disciplina y la lealtad partidista al líder del partido, el presidente en turno.

En nuestro sistema hay un postulador oficial de los candidatos. El sistema no permite que los candidatos participen sin la aprobación del partido.

Los propios métodos de selección no cambiaron y que la autoridad formal ultima para postular candidatos sigue residiendo en el Comité Ejecutivo Nacional, pues ese órgano del partido es el que debe aprobar y autorizar las convocatorias para la selección de candidatos a todos los cargos de elección popular.

La falta de disciplina puede complicar y comprometer la voluntad del ejecutivo; puede poner un freno a la fuerza del presidente. Así como los partidos de la oposición ganan poder de negociación una vez que la competitividad les permite alcanzar los cargos de elección, lo mismo ocurre con los legisladores. Como ninguna otra evolución política, esta está destinada a alterar el equilibrio de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo.

Las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo: el caso de México

Tradicionalmente ha existido una brecha entre las facultades formales e informales del jefe del poder ejecutivo. Por el prolongado predominio del partido oficial  (PRI) los presidentes de México han sido mucho más poderosos de lo que se deducirá mediante el análisis de sus prerrogativas constitucionales.
Una segunda dificultad la plantea el hecho de que el sistema político mexicano no ha concluido su ya prolongada transición.
Las mayores transformaciones han provenido de la modificación de la estructura de oportunidad política y de la nueva composición del Congreso, lo cual ha dado como un resultado una disminución del poder presidencial sobre su partido y un comportamiento marcadamente diferente del Congreso.

El Congreso ha tenido un desempeño en la autoridad para legislar y supervisar muy pobre.  Esto no se debe por un desequilibrio de autoridad entre los dos poderes de gobierno sino del sistema político que han incrementado significativamente el alcance del poder presidencial.

El mandato constitucional del poder legislativo establece el origen y la supervivencia del Congreso, lo faculta para desempeñar las dos funciones para las que fue creado y le otorga los medios para hacerlo.
El origen y la supervivencia del Congreso está garantizado por la constitución.
La facultad para legislar es amplia y, de las tres ramas de gobierno como el poder legislativo es el que cuenta con el mayor número de prerrogativas en las esferas económica, política, administrativa, judicial y social.
Las facultades con las que cuenta el poder ejecutivo parecen ser suficientes y adecuados para hacer efectiva la división de poderes y cumplir con el propósito de contrabalancearlo.

Las facultades del congreso son un factor importante por el cual el poder legislativo establece el  origen y la supervivencia independientes del Congreso.
En primer lugar el presidente no puede disolver la legislatura ni obligarla a actuar en un sentido u otro. El origen y supervivencia independientes del Congreso están “garantizados” en la constitución.
En segundo lugar, la facultad para el legislador es lo suficientemente amplia y es la que cuenta con más numero de prerrogativas.
En tercer lugar, las facultades para controlar al ejecutivo parecen ser suficientes y adecuadas para hacer efectiva la división de poderes y cumplir con el propósito contra balancearlo.

Son dos los factores que contribuyen a explicar el hecho de que el Congreso no cumpla con su función constitucional y de que renuncie a sus facultades a favor del ejecutivo, y ambos tienen que ver con la penetración de este último en la función de representación del congreso.

El Congreso se encuentra limitado para llevar a cabo sus funciones ante el poder ejecutivo.

El congreso tiene una restricción para llevar a cabo el rumbo específico a la política mediante la legislación y para vigilar la aplicación de las políticas y los actos regulatorios del poder ejecutivo, y esto es debido a causa de la presidencia que también está constitucionalmente dotada con facultades legislativas: poder de veto, facultad para presentar iniciativas de ley y autoridad para elaborar reglamentos promover decretos.
En México, la función legislativa del Congreso ha sido muy limitada. No sólo se trata de que los legisladores sean los que dan origen a iniciativas de ley sino que tampoco desempeñan la función de detener o  modificar sustancialmente los proyectos de ley enviados por el ejecutivo.
Han habido estudios acerca la conducta del congreso respecto a las iniciativas de ley del ejecutivo presenta la evidencia de que el Congreso tiene debilidad.

Si nos ponemos a ver el país durante la década de 1930 y principios de la década de 1940 en particular del desarrollo del partido oficial de la fecha de su creación 1929 hasta su transformación es el bien conocido PRI puede decirse que la competitividad del sistema político se vio restringida mediante el sometimiento de la participación política fuera de la corriente dominante y los obstáculos insuperables y mediante el aumento legal del control ejecutivo sobre las cuestiones electorales.

Mediante las condiciones de competencia participación, el establecimiento de condiciones marcadamente desiguales y la atención del control sobre las instituciones encargadas de organizar las elecciones se garantizó que el Congreso estuviese formado por grandes  mayorías del partido del Presidente.

El sistema de partidos resultantes se caracterizó por ser hegemónico, un sistema del que no era posible que ningún otro partido o coalición de partidos se opusiera con efectividad del partido mayoritario.

La fuente de la debilidad del congreso se debe buscar en los factores ajenos a los poderes que la Constitución otorga  al ejecutivo y al legislativo, para que así haya un equilibrio respectivo.

Otras tres características se combinaron para fortalecer al poder ejecutivo frente al congreso, a) Un partido altamente centralizado y disciplinado capaz de controlar la selección de candidatos, b) La coincidencia de la presidencia del país y la presidencia del partido oficial en la misma persona, c) la cláusula de la no reelección.

Parlemantarismo, presidencialismo y gobierno mixto

                                                                                    PARLEMANTARISMO, PRESIDENCIALISMO Y GOBIERNO MIXTO

Parlamentarismo Ingles
Se denomina Parlamento de Inglaterra al poder legislativo del Reino de Inglaterra. Sus raíces se remontan a principios del periodo medieval. A lo largo de diversos desarrollos, fue reduciendo progresivamente el poder del monarca británico, y terminó, tras el Acta de Unión (1707), por ser la base principal del Parlamento de Gran Bretaña, y más tarde del Parlamento del Reino Unido. Esto convierte al moderno Parlamento del Reino Unido en uno de los cuerpos legislativos más antiguos del mundo,
probablemente el que más antigüedad tiene, y por esta razón en ocasiones es llamado la "Madre de todos los Parlamentos" ("Mother of all Parliaments").

“La presencia del partido en el régimen político británico podemos caracterizarla de la siguiente manera: a) el partido que gana las elecciones, gana ni más ni menos que la totalidad del gobierno: “el ganador se lleva todo”; b) con la prima que ofrece el sistema electoral al partido ganador, el gobierno cuenta (excepción hecha de los casos de presencia de un tercer partido) con una mayoría de escaños en la Cámara de los Comunes y de esta manera es el partido el que controla el Parlamento; c) el líder del partido ganador se convierte en el jefe de gobierno o primer ministro; d) el líder del partido convertido en jefe de gobierno, designa (el rey nombra pero no escoge) a las personalidades más prominentes de su partido para formar su Gabinete, colocando así al partido a cargo del gobierno; e) mientras el partido en el gobierno sea capaz de mantener su solidaridad y no haya escisión, el partido hecho gobierno podrá mantener la confianza del Parlamento; f) si el partido en el poder no se mantiene unido, seguramente perderá la confianza del Parlamento y del electorado, permitiendo así que en las elecciones generales inmediatas sea el otro partido el que forme gobierno; g) el acceso al gobierno le permite a un partido mantener prácticamente marginados al partido o partidos de la oposición, ya que el primer ministro y su Gabinete ministerial cuentan con amplios poderes ejecutivos y legislativos; cuentan con un número bastante considerable de nombramientos discrecionales que se traducen en una extensa y valiosa facultad de clientelismo personal y, además, con el monopolio de la información y de los recursos oficiales, limitando, en gran medida, la información disponible a los partidos opositores; h) en virtud de que la práctica ha demostrado la alternancia en el poder de uno y otro partido (conservador-laborista), podemos calificar al sistema como un sistema de gobierno de partido que se turna en el poder”.

El restablecimiento de un Parlamento inglés devuelto, dando poderes separados de toma de decisiones a los representantes de los votantes en Inglaterra, similar a la representación dada por la Asamblea Galesa, el Parlamento Escocés y la Asamblea de Irlanda del Norte, es un asunto en la política británica, dado a la anomalía de los MPs escoceses debatiendo asuntos ingleses cuando los MPs ingleses no son capaces de votar en asuntos que afectan exclusivamente a Escocia. La cuestión de un parlamento inglés devuelto era considerado un asunto menor hasta que el Partido Conservador anunció propuestas políticas para prohibir a los MPs escoceses votar en asuntos ingleses, aumentando la importancia del asunto. Los únicos partidos políticos activamente promoviendo un Parlamento Inglés son los extra-parlamentarios Partido Nacional Británico y el Partido de los Demócratas Ingleses.
En relación a los asuntos parlamentarios, una larga anomalía llamada la Cuestión de West Lothian ha siempre sido referenciada. Antes de la devolución escocesa, los asuntos puramente escoceces eran debatidos en Westminster. La "Cuestión" era que los MPs escoceses podía y votaban en asuntos relacionados únicamente con Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte. La devolución galesa removió la mayor parte de la anomalía para Gales, pero no para Inglaterra: los MPs escoceses y galeses pueden votar en asuntos ingleses, pero muchos asuntos escoceses y galeses no son debatidos en Westminster.
Los MPs ingleses son elegidos al mismo tiempo que el resto de los MPs del Reino Unido. Hay 529 distritos electorales ingleses, debido a su gran número, forman una mayoría en la Cámara de los Comunes. Como el Gobierno Británico consideraba a Escocia como sobre-representada en relación a los otros componentes del Reino Unido, la cláusula 81 del Acta de Escocia 1998 igualó la cuota electoral inglesa y escocesa, y ahora Londres per se provée más MPs que toda Escocia.





Presidencialismo en Estados Unidos

El sistema presidencialista norteamericano tiene su origen en el proceso de ruptura que desemboca en la revolución americana de 1776, dando lugar a un profundo debate sobre la necesidad de un diseño institucional alejado de la impronta monárquica característica de Gran Bretaña, la antigua metrópoli: el resultado de dicho debate será la constitución de 1787, que sienta las bases de un sistema que será fuente de inspiración en el resto de la región a lo largo de los siglos XIX y XX.
Dicho modelo constitucional, cuya obra más representativa ha sido el Federalista (Jay, Hamilton y Madison, v.e.), ha tenido como bases teóricas en primer lugar la concepción ius naturalista, a partir de la cual se concibe la existencia de derechos naturales tales como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad siendo la función primordial del gobierno preservar esos derechos inalienables, y en segundo lugar un liberalismo de inspiración lockeana, a partir de una concepción de gobierno limitado siendo el mismo resultado de un pacto entre  los estados que delegan, pero no en forma irrevocable, atribuciones en un poder central reservando para si el derecho de rebelión en caso de que el gobierno actúe como tirano (Etchemendy, 1998).
El resultado institucional de dichos fundamentos será la instauración de un sistema federal, en forma conjunta con el establecimiento del moderno sistema de división de poderes, con un mecanismo de elección indirecta del presidente y los integrantes del senado federal -poder legislativo bicameral-, y el rol del poder judicial como garante y última instancia de control de constitucionalidad de los actos de gobierno.
El esquema precedentemente descripto fue diseñado con el claro propósito de enfrentar el principal obstáculo en la construcción de la república en la perspectiva de los constituyentes de Filadelfia: la tiranía y las diferentes expresiones de la misma –tiranía de la mayoría, del gobierno y legislativa- en el marco de una concepción aristocrática del republicanismo (Dahl, 1991, 2003; Gargarella, 1996).
Ahora bien, la supervivencia de un régimen depende no solo de la viabilidad de su carta escrita, sino también de la fuerza de las normas no escritas. En este sentido, algunos rasgos de la constitución de los Estados Unidos no están expresados en la carta propiamente dicha. Así es necesario hablar de la existencia de normas y prácticas de carácter paraconstitucional, que explican esta viabilidad de la pragmática experiencia presidencialista norteamericana (Pinto, 2001; Riggs, 1988).
En este sentido es central el rol jugado por el propio presidente en todo aquello relacionado con el respeto por las reglas de juego establecidas en el ámbito constitucional. Podemos hablar de un fuerte sentido de civilidad como un significado especial del respeto por el constitucionalismo liberal.
También un gabinete poco estructurado ayuda a sostener este diseño institucional dado que en reiteradas oportunidades, los ministros expresan posiciones e intereses poderosos que limitan al presidente. Al mismo tiempo, ellos más que el jefe del ejecutivo pueden encabezar proyectos destinados a lograr apoyos del congreso para políticas que también son aceptables para el presidente. El gabinete norteamericano es tan poco estructurado que parece por momentos socavar el liderazgo presidencial, dado que este debe no solo acordar con el congreso, sino también con numerosos subgobiernos dentro de la burocracia gubernamental. Allí es donde se hace necesaria la presencia de una oficina ejecutiva formada por un equipo de asistentes casi tan responsables como aquel.
El gabinete puede finalmente ser tanto un crédito como una responsabilidad para el presidente, dado que el apoyo de sus miembros hace posible los éxitos y lo cuida de sus errores y torpezas potencialmente fatales.
Por otra parte la indisciplina partidaria, en un contexto de sistema electoral con circunscripción uninominal, puede ser una condición necesaria para el éxito de la gestión presidencial ya que, si la disciplina fuera forzada, la capacidad de gobernar se vería severamente deteriorada en condiciones de gobierno dividido (Mollinelli, 1998; Sartori, 1994)3.
Sumado a ello, se encuentran un modelo de organización ampliamente descentralizado, la organización del congreso a través de un proceso descentralizado de toma de decisiones en manos de las comisiones legislativas y un modelo de orientación del electorado sobre la base de las grandes cuestiones locales.
Estas características del sistema de partidos y del sistema electoral tienen consecuencias para-constitucionales: bajo nivel de participación en el voto, altos costos en las campañas, sostenimiento de un partido efectivo de oposición, y presencia y vigencia del federalismo entre otras.
Sin lugar a dudas, el presidencialismo de los Estados Unidos, producto de su larga estabilidad institucional, ha constituido el modelo de referencia para toda la región; no obstante ello, diferentes “presidencialismos” como los de Chile y Brasil han logrado incorporar prácticas ad hoc por definición en conflicto con los rasgos constitutivos del presidencialismo, dando lugar el fenómeno de los denominados “presidencialismos de coalición” en América Latina. Procederemos a continuación a su desarrollo.




Gobierno Mixto en Francia

Francia es una república semipresidencial, que cuenta con un presidente (jefe de estado) y un primer ministro (jefe de gobierno). El presidente es elegido por votación popular, mientras que el primer ministro es escogido y nombrado por el presidente de la República. Como en todo sistema parlamentario, puede ser el líder del partido o coalición con más escaños o una personalidad destacada afín a ellos, pero no siempre es un miembro del parlamento (en este caso la Asamblea Nacional). En todo caso el presidente suele nombrar a un primer ministro que está en sintonía con la mayoría parlamentaria, a fin de asegurarse el apoyo de la asamblea. Debido a que las elecciones presidenciales y las elecciones a la Asamblea no coinciden en el tiempo, el presidente y el primer ministro pueden pertenecer a partidos diferentes. Cuando esto ocurre se llama a la situación cohabitación.

Después de que Charles de Gaulle implantara la constitución de la Quinta República en 1958, Francia ha sido gobernada por sucesivos presidentes de derecha hasta 1981. Durante la década de 1960, los partidos de izquierda tuvieron resultados más bien pobres en las elecciones a nivel nacional. Los sucesivos gobiernos aplicaron generalmente el programa gaullista, basado en la independencia nacional y la modernización económica de una manera intervencionista. La política social de De Gaulle era fundamentalmente conservadora.
En mayo de 1968, una serie de huelgas de trabajadores y revueltas estudiantiles sacudieron Francia (Mayo Francés). Pero la agitación no dio lugar a un cambio inmediato de gobierno, sino que ofreció a De Gaulle la posibilidad de ser reelegido triunfalmente en las elecciones de junio del mismo año. La herencia del gaullismo siguió gobernando Francia hasta la llegada de la izquierda a la presidencia.
En 1981, el socialista Francois Mitterrand, fue elegido presidente con un programa de reformas radicales. Después de asegurar una mayoría en el parlamento en las elecciones de ese año, su gobierno dirigió un programa de reformas económicas y sociales muy potente.
Sin embargo, en 1983, la elevada inflación y la crisis económica condujeron a una reversión de la política económica, comprometiendose el gobierno de izquierda después de las reformas de la política fiscal y de control de gastos, así como la privatización de los principales bancos franceses.
Aunque la mayoría de las nacionalizaciones fueron canceladas en 1984, o por los gobiernos posteriores, las reformas sociales se mantuvieron. Desde entonces, el gobierno alternó entre una coalición de izquierda (compuesta por el Partido Socialista y el Partido Comunista Francés y otros grupos), y una coalición de derecha (compuesta por la Unión para la Democracia Francesa y el Reagrupamiento por la República de Jacques Chirac, posteriormente sustituido por la Unión por un Movimiento Popular).
Los años 1980 y 1990 también vieron el surgimiento del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, un partido crítico con la inmigración, particularmente con la inmigración procedente de países del norte de África como Argelia, explicandola como causante del aumento del desempleo y la delincuencia. Desde la década de 1980, el desempleo sigue siendo elevado con alrededor del 10% de los trabajadores en paro, independientemente de las políticas para combatirla. Los problemas en los suburbios (un eufemismo que describe a los desfavorecidas zonas residenciales suburbanas, a menudo con una elevada proporción de población inmigrante) siguen siendo una preocupación. La presencia de Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2002 fue un acontecimiento peculiar por la utilización populista del problema inmigratorio. La mayoría de partidos pidieron el voto para Jacques Chirac, con el fin de evitar la victoria de la extrema derecha. Desde 2012, el presidente de la República es François Hollande.

División de poderes en México

                                                    DIVISION DE PODERES EN MEXICO

Las elecciones federales del 2 de julio de 2000 cerraron el ciclo del cambio político en México. El largo proceso de transición a la democracia concluyó así con la alternancia del partido que mantuvo el poder por más de siete décadas.
El cambio político en México ha supuesto la reconfiguración de las instituciones políticas, transformaciones tenues o aceleradas se han experimentado en prácticamente todas las esferas del poder público, desde la conformación de un sistema electoral plural, competitivo y con certidumbre legal, pasando por el surgimiento de nuevos actores en la toma de decisiones, hasta el desdibujamiento de añejas estructuras de control político.
Al iniciar el siglo xxi la democracia se ha erigido con el triunfo sobre los órdenes políticos que han conocido las sociedades. Más de 120 naciones en todo el orbe, México entre ellas, viven en este momento bajo alguna forma de régimen democrático.
La división de poderes nació de la clásica propuesta de Montesquieu, quien llamó obra maestra de la legislación a «un gobierno moderado donde las fuerzas políticas adquirieran un orden, donde tuvieran un contrapeso y un lastre que las equilibrara, que las pusiera en estado de resistir unas a otras». El realismo político tradujo la tesis del filósofo francés en El Federalista, donde Madison, Hamilton y Jay, padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, discutieron las bondades y peligros del gobierno representativo. Para ellos, la división de poderes era la condición necesaria para el funcionamiento de una democracia; dividir el poder era entonces imperativo legal para evitar que las facciones (porque ciertamente los partidos políticos no figuraban aún como los actores principales de la democracia) monopolizaran el poder.
La lógica democrática camina en sentido directo de la construcción de mayorías (al menos de mayorías parlamentarias), a fin de que gobiernen quienes tuvieron más votos; mientras que el pluralismo, la tesis fundacional del derecho de las minorías, avanza en sentido inverso, es decir, que se gobierne también escuchando y atendiendo a quienes tuvieron menos sufragios.
En los regímenes democráticos, ya sean parlamentarios o presidenciales, la diversidad política, la pluralidad social y la extensión del sufragio, así como la introducción de variantes en la manera de transformar los votos en escaños de representación, han traído consigo un fenómeno asociado: la generación de gobiernos en minoría parlamentaria que para ambas fórmulas de gobierno han supuesto retos extraordinarios.
Dividir el poder era una vacuna contra las tentaciones autoritarias, contra los excesos personalistas o de grupo y contra una eventual complicidad tiránica entre quienes hacen las leyes y quienes las ejecutan. Por desgracia, ninguno de ellos vivió lo suficiente para observar el auge de los partidos políticos modernos y para comprender la importancia para un presidente de contar con el apoyo que una mayoría parlamentaria le otorga, a fin de llevar adelante las tareas de su gobierno. Es por ello que en el presidencialismo, la formación de mayorías parlamentarias ha sido un fenómeno necesariamente asociado, entre otras variables, al desarrollo de los sistemas de partidos.
De esta manera, la formación de mayorías parlamentarias en la democracia presidencial es un factor importante para explicar su funcionamiento y desempeño, así como uno de los indicadores para comprender su estabilidad.
Del conjunto de rasgos característicos de todo sistema presidencial, cuatro de ellos se encuentran directamente vinculados con el problema de la integración de mayorías parlamentarias: 1) el Ejecutivo y el Legislativo son elegidos de manera directa e independiente; 2) existen períodos fijos para la duración de sus cargos tanto en el caso del presidente, como de los legisladores; 3) el presidente no tiene facultades para disolver el Congreso; y por último 4) el Ejecutivo tiene poder de veto sobre la legislación y ese veto sólo puede ser superado por una mayoría extraordinaria.
Detrás de cada una de las bases del presidencialismo descansa el problema de la formación de una mayoría; por ello, los críticos de la democracia presidencial han dirigido sus baterías a la dependencia del Ejecutivo de una mayoría parlamentaria para funcionar de manera estable y permanente. Conviene revisar qué ocurre cuando los presidentes enfrentan un Congreso opositor o cuando sencillamente ningún partido político cuenta con la mayor parte de los escaños.
cuando dos partidos políticos diferentes controlan la Presidencia y el Congreso, respectivamente, se habla de gobiernos divididos. Los gobiernos divididos pueden tener además distintas configuraciones, puesto que el presidencialismo puede ser bicameral o unicameral y, en consecuencia, el control del Congreso por un partido diferente al Ejecutivo puede ser total o parcial.
Los gobiernos divididos tienen así un primer componente partidista y en consecuencia un origen electoral común; de ahí se deriva que dependiendo del sistema de partidos y del sistema electoral, pueden existir múltiples combinaciones de gobiernos no unificados.
Sin embargo, existen democracias presidenciales que presentan un sistema de partidos multipartidista, donde el número de opciones políticas es superior a dos.
Consideradas como una clase de gobierno dividido, se les denomina de no mayoría; justamente porque su característica es un partido en el Ejecutivo que no ostenta la mayoría en el Congreso y, al mismo tiempo, un Legislativo donde ningún partido político cuenta con los escaños para constituirse en grupo parlamentario mayoritario.
El voto diferenciado o cruzado, establecido como la primera causa de los gobiernos divididos, es la práctica de los electores mediante la cual deciden votar por un partido en la Presidencia y por otro en el Congreso.
El segundo factor, nos habla sobre la importancia que tienen para los votantes los asuntos de las agendas local y nacional; y contempla también la fuerza electoral de cada legislador en sus respectivos distritos. Se trata de un fenómeno que se presenta en países donde la reelección consecutiva de los legisladores está permitida y responde a las necesidades de los ciudadanos, de una mayor atención a la problemática local o regional.
La tercera causa es el llamado ciclo electoral, que hace referencia a un proceso de desgaste que experimenta la figura presidencial luego de su arribo al poder. En este caso, se piensa que comúnmente los presientes llegan al cargo gozando de una amplia popularidad y con un claro mandato de los electores, pero que al transcurrir el gobierno, los ciudadanos experimentan una suerte de desilusión política, porque en su opinión, las acciones y programas del Ejecutivo y su partido no han tenido el impacto que esperaban.
La cuarta causal nos habla de un elector racional que decide administrar el sentido de su voto con relación a las expectativas que tiene sobre los candidatos a la Presidencia y al Congreso. En este caso, los ciudadanos generan una preferencia partidista en función de productos gubernamentales específicos; desean con ello maximizar las promesas de campaña tomando «lo mejor» de cada partido.
Finalmente, tenemos la idea de que los electores generan gobiernos divididos porque desean un nuevo equilibrio en el sistema de partidos.
La inestabilidad política que han padecido gran parte de los países del área, ha sido tradicionalmente atribuida a una suerte de disfunción estructural del presidencialismo. En palabras de Lijphart, este desequilibrio tiene a su base no una excesiva concentración de poder como pudiera pensarse, sino la presencia de «demasiado poco gobierno», en alusión directa al problema de la formación de mayorías estables y a la ingobernabilidad. En esa misma línea, Linz desarrolló la crítica más elocuente sobre el sistema presidencial en Latinoamérica y en ella ha sostenido que la presencia continua de ejecutivos sin una mayoría parlamentaria fue el detonador de crisis políticas y del derrumbe de la democracia; Chile durante el gobierno de Salvador Allende es siempre el referente común.
La LVI1 Legislatura de la Cámara Baja se dibujó desde el inicio como una arena conflictiva, donde la generación de acuerdos y compromisos estarían supeditados a la capacidad de los grupos parlamentarios para construir una mayoría estable. El Ejecutivo, por su lado, desarrolló una estrategia mixta para atacar el inédito problema que enfrentaba. Por una parte, buscó limitar el espacio de negociación a un grupo reducido de actores: los líderes de los partidos políticos y de cada uno de los grupos parlamentarios, presentes en el Congreso. Por la otra, intentó acotar el número de posibles temas que serían materia de acuerdo. Dicha estrategia tenía una premisa básica, destinada a disminuir al máximo los costos de la negociación política y permitir que el Gobierno mantuviera el control sobre sus asuntos de interés; finalmente, el presidente intentó utilizar el Senado, lugar donde el PRI retuvo la mayoría, como Cámara de origen, para introducir algunos proyectos de ley, con la esperanza de que un voto positivo presionaría a los diputados para aprobarlos.
Por otra parte, dentro de los muchos cambios que experimentó el Congreso mexicano como reflejo de una nueva pluralidad, los recintos legislativos se convirtieron en auténticas arenas para la discusión de los asuntos públicos. Los grandes temas del debate nacional tuvieron como pararrayos al Poder Legislativo y, en los hechos, el Congreso mexicano fue acercándose al modelo de agente clave del proceso político, como ocurre en muchas democracias parlamentarias y presidenciales. Estos cambios supusieron un Legislativo extraordinariamente activo, que pasó de ser mero testigo de las decisiones políticas y simple sancionador de las leyes propuestas por el presidente, a promotor de las demandas ciudadanas, activista de las políticas públicas y vigilante del Ejecutivo.
En referencia a la idea del conflicto Ejecutivo-Legislativo, la evidencia sugiere que el gobierno de no mayoría en realidad mostró un escaso nivel conflictividad.
Debido a que en México la mayor parte de las políticas públicas ingresan al debate parlamentario por la vía del Presupuesto de Egresos y que la Cámara de Diputados es la encargada de discutirlo y aprobarlo, es conveniente la revisión de este aspecto del proceso político para dimensionar hasta qué punto el gobierno dividido afectó tanto la situación de las finanzas, como la instrumentación de programas. Lo ocurrido en los últimos tres años, muestra que se modificaron algunos de los patrones de aprobación presupuestaria tradicionales.
También es claro que la mayor parte de los programas del gobierno no sufrieron una alteración significativa por parte de los diputados y muchos de los cambios tuvieron más bien una racionalidad propagandística, que de eficacia gubernamental.
Es pertinente revisar ahora los motivos que explican el bajo nivel de conflictivi-dad en este gobierno dividido y tratar de delinear alguna perspectiva para los próxi-mos años. La experiencia nos señala que fueron varios los factores que evitaron elchoque entre poderes y que la ausencia de mayoría se tradujera en parálisis guberna-mental: 1) el poder de veto que el PRI mantuvo en el Senado; 2) la disciplina de par-tido, presente en todos los grupos parlamentarios; 3) la dificultad para que una coali-ción opositora pudiera perdurar; 4) una moderación del presidente sobre cambios ala legislación; y finalmente 5) el papel que desempeñaron los partidos opositores.
Si bien ha sido claro el mandato otorgado a Vicente Fox para ocupar la Presidencia de la República, contrasta con el sentido que los ciudadanos dieron a su voto en la conformación del Congreso, donde ninguno de los partidos políticos cuenta con la mayoría absoluta y la oposición en su conjunto será mayoría. De esta manera, el nuevo gobierno que arriba con una legitimidad democrática sin precedente, lo hace también con una debilidad también inédita respecto del apoyo parlamentario de su partido político. Es decir, los ciudadanos le dieron a la Alianza por el Cambio (coalición encabezada por el PAN en las elecciones federales) el gobierno, pero limitaron su poder para gobernar.
Si bien ha sido claro el mandato otorgado a Vicente Fox para ocupar la Presidencia de la República, contrasta con el sentido que los ciudadanos dieron a su voto en la conformación del Congreso, donde ninguno de los partidos políticos cuenta con la mayoría absoluta y la oposición en su conjunto será mayoría. De esta manera, el nuevo gobierno que arriba con una legitimidad democrática sin precedente, lo hace también con una debilidad también inédita respecto del apoyo parlamentario de su partido político. Es decir, los ciudadanos le dieron a la Alianza por el Cambio (coalición encabezada por el PAN en las elecciones federales) el gobierno, pero limitaron su poder para gobernar.
Paradójicamente, el arribo pleno de la democracia ha implicado que la oposición ingrese a su peor momento en la reciente historia política del país. El PRI y el PRD se debaten entre una crisis de identidad ideológica y el desvanecimiento de sus liderazgos naturales. También por esos mismos motivos, una eventual alianza entre el PRD y el PRI no debe descartarse. Si una coalición parlamentaria de esa naturaleza llegara a concretarse, posibilidad remota pero no imposible, por una afinidad ideológica antigobierno, la nueva administración enfrentaría en sus tres primeros años un escenario complicado para sacar adelante las tareas de gobierno. En un caso extremo, el presidente podría verse orillado a gobernar con el programa de la oposición o podría sobrevenir un enfrentamiento con el Congreso que condujera al país a situaciones de ingobemabilidad.
A través de las urnas y con la alternancia, los mexicanos hemos puesto a tiempo nuestros relojes democráticos. Pero vale decir que esos relojes son maquinarias delicadas y perfectibles, requieren también de aditamentos nuevos, que las potencialicen y mejoren. Así, para completar nuestro paso al concierto de las democracias estables y duraderas, tendremos que emprender la reforma política para la gobernabilidad, bajo la premisa de que formamos una nación segmentada y heterogénea y de que el pluralismo ha sido una aspiración profunda. Por ello no podemos permitir que la diversidad se vuelva un costo ante la falta de reglas claras y prácticas modernas para la construcción de los acuerdos. Sin duda, la institución presidencial mexicana ya cambió y lo mismo ha ocurrido con el Poder Legislativo, pero debemos asegurarnos de que esos cambios sean certeros y estables. En los próximos años, cuando habremos de definir la nueva arquitectura de nuestra democracia, tendremos que preguntarnos por el tipo de gobierno al que aspiramos, por el número de partidos políticos que requerimos para ver representados los intereses y por la fórmula que necesitamos para construir mayorías. Es posible así que los gobiernos divididos se conviertan en una práctica continua, como ya ocurre en el interior del país, y que los presidentes con apoyos mayoritarios en el Congreso se vuelvan la excepción de la regla. En este caso, alentar su funcionamiento eficaz y el ejercicio responsable de los cargos públicos, serán las premisas de rumbo.

Glosario 3

GLOSARIO

Bagaje: Conjunto de conocimientos y experiencias que una persona ha reunido a lo largo de un tiempo.
Anacronismo: Error consistente en atribuir a sucesos, costumbres, vestidos, etc., una fecha o época que no les corresponde.
Deliberante: Se aplica a la corporación o junta que toma acuerdos por mayoría de votos que repercuten en la colectividad.
Afincado: establecido
Consecución: Acción y efecto de conseguir.
Subordinado: Se aplica a la persona que depende o está sometida a la orden o a la voluntad de otra.
Supremacía: Superioridad de la persona o la cosa que tiene el grado o la posición suprema o más alta en una escala.
Prerrogativa: Privilegio o derecho de que disfruta una persona.
Residual: Que queda como residuo.
Abstracto: Se aplica a la cualidad que se considera sin tener en cuenta el objeto en que se halla.
Acérrimos: Muy fuerte, tenaz o vigoroso.
Aristoracia: Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por una clase social privilegiada, en virtud de pertenecer a unos linajes determinados.
Anarquía: Falta de todo gobierno en un Estado.
Articulación: Unión de distintos elementos que forman un conjunto ordenado.
Clientelismo: Cuidado o protección con que los poderosos defienden o favorecen a los que se acogen ellos.

Corporatvismo: El corporativismo es una forma de colaboración de clases.
Neocorporativismo: alude a situaciones que han tenido lugar durante la segunda posguerra en algunos países centro y nor-europeos. El neocorporativismo puede ser visto ya sea como un sistema institucionaliza do de representación de los intereses, ya sea como un sistema institucionaliza do de formación, decisión y ejecución de las políticas-progra mas de acción.
Facismo: El fascismo es un movimiento político y social que nació en Italia de la mano de Benito Mussolini tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Se trata de un movimiento totalitario y nacionalista, cuya doctrina (y las similares que se desarrollaron en otros países) recibe el nombre de fascista.
Stanlinismo: Stalinismo, término que en ciencia política designa a la ideología y praxis política del líder soviético Iósiv Stalin y, por extensión, a la de los seguidores de esta doctrina.

dirigismo: El dirigismo es la actividad económica del Estado destinada a la vigilancia y el control del sector privado.
consuetudinaria: Que está basado en la costumbre o tradición.
anacrónico: Que adolece de anacronismo.
clientelas: Clase social de la ant. Roma formada por plebeyos y libertos que estaban bajo la protección de un patricio a cambio de determinados servicios personales.
magros: Carne de cerdo cercana al lomo que tiene poca grasa.
paradigma: Ejemplo o modelo de algo
convergencia: Reunión en un punto de varias líneas o trazados.
clamor: Grito de una multitud que protesta o está entusiasmada
homogéneas: Que está formado por elementos con una serie de características comunes referidas a su clase o naturaleza que permiten establecer entre ellos una relación de semejanza
esbozados: Hacer un primer diseño o proyecto de una obra artística de manera provisional, con los elementos esenciales y sin dar ningún detalle.
laxo: Que está flojo o que no tiene la tensión adecuada.
sufragio: Elección mediante votación de una opción entre varias que se presentan como candidatas
profusa: Abundante, copioso, superfluamente excesivo.
agremiados: Hacer que un grupo de personas formen un gremio.
zozobra: Sentimiento de tristeza o inquietud.
interregno: Tiempo durante el cual están suspendidas las funciones gubernamentales de un estado.

Sobre el Principio de la Separación de Poderes

SOBRE EL PRINCIPIO DE LA SEPARACION DE PODERES

La idea del equilibrio se realiza o exigiendo la colaboración conjunta de varias magistraturas en la actuación de la voluntad estatal o dotando de poderes de veto a alguna magistratura, como ocurre con los poderes de los tribunos de la plebe en Roma.

Por lo que se refiere a la división de funciones, la función legislativa siguió propiamente sin ser concebida: el Derecho medieval se descubre, se sistematiza o se declara, pero no se crea. En el siglo xm, por lo menos en Inglaterra (Bracton) se distinguen claramente dos funciones del gobierno —entendiendo este término como la actividad desempeñada por el poder político—•, atribuidas al monarca: la del gobernaculwn, actividad de atender al bien de la colectividad, actividad administrativa, diríamos hoy, y la iurísdictio, o función de juzgar; en la primera se contempla una actividad discrecional; en la segunda el monarca ha de atenerse a las leyes.

----Se alcanza una cierta idea de las funciones del Estado (aunque con una visión limitada de la función deliberante que no equivale a la legislativa);
— se acepta la conveniencia de un gobierno equilibrado o mixto en el que los diversos sectores sociales tienen asegurada su participación, pues temen la posibilidades opresoras del gobierno ejercido por una sola clase social, alcanzándose la idea de que la garantía de la libertad frente a la opresión reside no en la confianza en la buena voluntad del gobernante, sino en la consecución de una estructura del poder tal que haga imposible el despotismo.

Durante el periodo de la revolución inglesa tuvo lugar un importante desarrollo constitucional que alcanzó no sólo a la teoría de la diferenciación de funciones, sino a la de la propia separación de poderes, que se mostró como una alternativa tanto al intento del monarca de alterar a su favor la Constitución mixta inglesa, como al intervencionismo del Parlamento durante el período del Parlamento largo.


---  En Locke persiste la idea de la forma mixta del gobierno, de modo que se asegure a los diversos sectores sociales su intervención en el gobierno, especialmente en la elaboración de la ley (veto del rey, Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes).
 — Locke acepta cierto equilibrio entre los diversos poderes, con la supremacía del Parlamento, pero con un ejecutivo coordinado en cierto modo al legislativo por su intervención en el proceso mismo de legislar (veto del rey), su función ejecutiva, federativa y sus poderes de prerrogativa.
 — Hay en Locke una progresiva comprensión de la diferencia de funciones y de la conveniencia, para el aseguramiento de la libertad, de su residencia en diferentes órganos. Como señala Vile, la afirmación de Locke de la necesidad de separar a los titulares de la función legislativa y ejecutiva no puede ser más clara: «Sería una tentación demasiado fuerte para la debilidad humana, que tiene tendencia a aferrarse al poder, confiar la tarea de ejecutar las leyes a las mismas personas que tienen la misión de hacerlas.

Montesquieu atribuyó las distintas funciones estatales a órganos separados entre sí, pero interdependientes y en posición equilibrada.

La opresión se evita dividiendo al poder, distribuyéndolo entre órganos independientes e iguales entre sí. «Todo estaría perdido si el mismo hombre y el mismo cuerpo ejerciese los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutarlas y el de juzgar.» El poder legislativo ha de estar separado del ejecutivo: a) por el carácter general y abstracto de la ley, independiente de casos concretos, y b) porque el ejecutivo debe estar ligado u obligado por la ley y, en consecuencia, ésta ha de quedar fuera de su alcance. El poder judicial ha de estar separado del legislativo por la misma razón: si ha de aplicar la ley, ésta ha de quedar fuera de su alcance. La unión del poder judicial y el ejecutivo alteraría asimismo el significado y la observancia de la ley.

La idea de la separación de poderes no era ajena a la constitución mixta pues hacía corresponder, con la excepción del poder judicial, cada órgano o poder a una clase social determinada.

La teoría de la constitución equilibrada fue objeto de duras críticas tanto en sus supuestos sociales como en sus manifestaciones jurídicas durante el siglo XVIII en el doble teatro de las revoluciones americana y francesa. Las objeciones vinieron a ser las mismas, pero sus situaciones políticas respectivas exigieron el radicalismo en Francia y la no transigencia, pura división de poderes, mientras que posibilitaron la transacción en América, de modo que la separación de poderes aquí fue templada por la doctrina de los cheks and balances.

El descrédito de la teoría de la constitución equilibrada provino de su adecuación a una sociedad no democrática, dividida en clases sociales a las que se quería conceder su oportunidad en el gobierno; ello contrastaba con la situación revolucionaria de América y Francia que desconocen o abolen la aristocracia y la monarquía. De otra parte, se denuncia la práctica política corrompida de la Constitución inglesa que situaba (al menos en la lectura no inglesa) al Parlamento, a través de las elecciones amañadas, la disposición de cargos y los sobornos en manos del ejecutivo.

La preponderancia del ejecutivo parecía más grave en América, dada la clara injerencia del gobernador en los asuntos de la comunidad. Por eso la primera manifestación revolucionaria americana mostrará claramente su orientación hacia una organización del Estado que repose en el principio de la separación de poderes. No se temerá, en una sociedad democrática, que el ataque a la libertad provenga de una clase social que oprima a las demás, sino de los propios gobernantes. Si se delimitan y se especifican sus funciones y se establece su control directo por el pueblo se reducirá el riesgo de despotismo y arbitrariedad.

La recepción del principio de separación de poderes en Francia será mucho más radical y doctrinaria no sólo porque, en efecto, se piensa que otra ordenación constitucional chocaría con el carácter democrático de la revolución, sino porque no había existido una experiencia francesa de la Constitución equilibrada que, de haberse producido, seguramente hubiera matizado el rechazo libresco de tal sistema, y porque además los peligros de involución no desaparecieron y la admisión de la Constitución equilibrada hubiese supuesto para la mentalidad revolucionaria conceder alguna oportunidad a la monarquía y, sobre todo, a la aristocracia, rechazadas.